Miguel Contissa

…uno más de la diáspora peronista…

RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS

Posted by Miguel Contissa en junio 23, 2007



Por Miguel Contissa

miguel@contissa.com.ar

…Jamás debiera haberse llegado a esta instancia trágica si cada sector hubiese entendido que quien se tiene delante no es un enemigo; y que quien lo acompaña en la protesta, o es su subordinado en la tarea policial, necesita ser sosegado, asesorado, contenido y protegido.
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Tengo una pregunta para hacer: En una sociedad que se autodefine como racional, democrática y progresista, la violencia, en cualquiera de sus formas y direcciones, ¿puede ser resuelta con otra de signo contrario o existe otro camino?

Me cuesta creer que algunos actores políticos, sociales, gremiales y religiosos pierdan el marco de referencia. No puedo suponer que ignoren que estamos dentro de un estado de derecho en el que no existe una categorización de los mismos. Saben que todos los derechos tienen el mismo valor y cualquiera que se viole, afecta a la totalidad. Es posible entonces que el accionar de aquellos dirigentes sea consecuencia de cierta incontinencia protagónica (a veces extemporánea y/o oportunista) o de simple y lamentable irresponsabilidad, sea quien fuere. Cuando me invade el dolor por los Fuentealba, lo acompaña un efecto: la sensación de estar sin rumbo cierto; que vamos a la deriva; que estamos casi en un estado de naturaleza hobbesiano, en un sálvese quien pueda. Entonces mi temor y dolor aumentan, porque no quiero un Estado autoritario que imponga el derecho a palos ni tampoco reclamos que pongan en riesgo la vida. Hay otros caminos para solucionar problemas de política interna.

Si me apura y pregunta qué veo, le diré que observo una situación dual. Por un lado a un Estado nacional que está sentado sobre miles de millones de pesos fruto de los impuestos internos. Por otro, maestros, jubilados, empleados de la salud y la justicia cobrando sueldos indignos; como si hubiese un escondido deseo de privatizar servicios vía ahogo presupuestario; veo que la Patria Financiera no paga impuestos por especular desde l976 y, en la contracara, a los trabajadores que son acosados por el impuesto a las ganancias; veo a los grupos económicos aumentando precios sin razón y en el reverso a la prensa anticipándonos que los ajustes salariales acarrearán “inflación”; veo el dolor de los deudos o de los damnificados, mientras algunos por otro lado, parados sobre la sangre o el barro intentan sacar ventaja sectorial de un asesinato o una catástrofe climatológica.. Como si fuera poco el triste espectáculo, tanto Ud. como yo, vemos cómo el Estado gasta cifras millonarias en campañas publicitarias para impedir la evasión y, contemporáneamente, se las ingenia para pagarle en negro a sus empleados de la salud, educación y justicia; veo cómo se siguen entregando o mal negociando recursos estratégicos, mientras que nuestros representantes políticos no atinan política en su defensa y desarrollo; veo cómo un grupúsculo de violentos dan motivo para que “el otro” grupúsculo haga postergar millones de esperanzas; Es decir, veo mucha roña humana donde debería haber sensibilidad y sensatez; prudencia y conocimiento. Para mi pesar, como peronista veo cuán lejos estamos de los ideales básicos del Movimiento y cuánto tiene que hacerse en Río Negro y en el país (especialmente aquellos que se están “haciendo los rulos” en busca de cargos en el gobierno) para superar esta ignominia reconocida como “injusticia social”.

Abordar este asunto, es responsabilidad de todo rionegrino y de todo argentino bien nacido, y muy especialmente de las distintas dirigencias, desde las políticas a las religiosas.

Esta dualidad es inaceptable porque genera tensión social y pérdidas de vidas. Mirar para otro lado, disimular o trasladar culpas como si fuese el juego del gran bonete debe considerarse una afrenta a la persona humana.

Bien, ahora quiero compartir con Uds. una reflexión que me hiciera llegar un amigo mientras debatíamos por medio de la Internet los últimos acontecimientos de Neuquén y otras regiones del país. Atiendan especialmente su último párrafo. Dice Julián Larrea:

Nuestra región tiene nuevamente las rutas bañadas de sangre. A pesar de ser una historia recurrente, me niego a estimarla como algo casual o producto del destino. Estas muertes, evidentemente están enlazadas con una concepción violenta de la política. Una concepción irresponsable del legítimo derecho a peticionar de los ciudadanos, y una concepción irresponsable del legítimo derecho del monopolio de la fuerza pública por parte de los gobernantes.

Pero tratemos de abstraernos por un momento del presente. ¿Cuándo recuerdan que se haya hecho un análisis profundo de las consecuencias que ha tenido para nuestra sociedad la utilización de la violencia como método de acción política?. Habitualmente se polarizan las miradas, se demonizan los sectores, se simplifica la realidad.

Nuestras leyes consagran el derecho individual de los ciudadanos tanto para “peticionar a las autoridades” como para “entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino” (Art, 14º CN); y los poderes públicos tienen el deber de garantizarlos por los medios que considere apropiados, inclusive con el uso de la fuerza.

Ahora, el derecho a peticionar también se corresponde con el deber de ser escuchado por las autoridades, y el uso de la fuerza pública también tiene que corresponderse con la fuerza que se le opone cuando se transgreden las normas.

Es tan violento no atender los reclamos de los peticionantes como violentar los derechos de terceros para ser escuchados; y si bien, la utilización de la fuerza es un instrumento legítimo de poder público para defender los derechos y garantías de los ciudadanos en general, utilizar una fuerza desmedida para reestablecerlos es un acto criminal.

Y creo que en este punto hay que hacer una distinción. Cuando nos hallamos con el accionar de peticionantes colectivos que poseen cierta organicidad, es decir, responden al mandato de un conjunto organizado de sujetos, evidentemente las consecuencias recaen sobre el conjunto y muy especialmente sobre las representaciones formales de ese conjunto. De la misma manera, la acción disuasiva-represiva no es exclusiva responsabilidad del individuo que la ejerce pues éste responde a un todo orgánico que se alinea con responsables concretos en la programación y ejecución de los actos de fuerza.

Pero volviendo al presente; un reclamo sectorial o el restablecimiento de una vía de comunicación, ¿justifican la pérdida de una vida?. A mi entender existen responsabilidades compartidas, tanto de las autoridades gremiales como de las gubernamentales, aunque en diferente grado y mucho mayor de quienes ejercen la administración de lo público. Jamás debiera haberse llegado a esta instancia trágica si cada sector hubiese entendido que quien se tiene delante no es un enemigo; y que quien lo acompaña en la protesta, o es su subordinado en la tarea policial, necesita ser sosegado, asesorado, contenido y protegido.

Abril de 2007

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