Miguel Contissa

…uno más de la diáspora peronista…

La res pública: su defensa como derecho republicano

Posted by Miguel Contissa en septiembre 21, 2008


¿Cómo diferenciar una acción política que refleje el interés general del interés de un grupo o sector? ¿Qué es el bien público o la res pública? 

 

Publicado en Diario Digital el 29 de septiembre de 2001

Por Miguel Ángel Contissa

 

El reciente veto que impuso el Sr. Presidente de la Nación Fernando De la Rúa a la ley emanada del Congreso y que permitía a los municipios cobrarle a las empresas telefónicas el “uso de su espacio público”, además de sorprender a unos, o indignar a  otros, pone sobre relieve el ataque o desconsideración (si lo queremos ver más delicadamente), a los derechos de los ciudadanos que habitamos los municipios, especialmente a los derechos republicanos.

 

Tal como nos enseña la historia, en el siglo XVIII los contractualistas y las cortes británicas definieron los derechos civiles que servirían para sentar las bases del liberalismo; luego en el siglo XIX, los demócratas definieron los que, junto a los anteriores, sentarían las bases de las democracias liberales del siglo XX: los derechos políticos. Finalmente, desde la mitad del siglo XIX en adelante, los socialistas comenzaron a especificar  los derechos sociales que se reafirmarían también en el siglo XX dando lugar a las democracias sociales.

 

No obstante, y como consecuencia de la evolución y madurez de esa misma ciudadanía, aparece un cuarto derecho: el derecho republicano.  Según Luiz C. Bresser Pereyra, (catedrático de economía de la Fundación Getulio Vargas) este último derecho puede ser definido como el derecho de todo ciudadano a la res pública, o patrimonio público, sea este histórico, medioambiental o económico.  Cuando digo patrimonio público, me refiero al que es de todos y para todos.

Indudablemente, este tipo de derecho será en adelante para la comunidad, tan importante como aquellos que nos protegían de los opresores o nos daban libertades políticas, puesto que cada vez son más los que pretenden “usufructuar” indebidamente los bienes públicos.

 

Los que acechan

Pero ¿Cómo diferenciar una acción política que refleje el interés general del interés de un grupo o sector? ¿Qué es el bien público o la res pública? 

Si bien no es aceptable identificar al Estado con la racionalidad absoluta, con la idea del interés público tal como sugería Hegel, tampoco me parece razonable que se convierta en un agente de uso exclusivo de las clases o sectores dominantes como definieron Marx y Engels.

 

Se ataca a la res pública mediante la corrupción en el manejo de la administración, el nepotismo o la evasión de impuestos.  Pero también existen formas modernas de captación privada de lo público y que no son otra cosa que transferencias impropias a los capitalistas, entes o sectores, de aquellas responsabilidades y funciones que corresponden al Estado, asumiendo formas de políticas públicas dirigidas a la distribución de ingresos o a la promoción y desarrollo de tal o cual actividad.  Acciones muy sutiles que, bajo el disfraz de la defensa de intereses públicos, se someten los bienes que corresponden a la sociedad en su conjunto, al interés corporativo o grupal.

 

Esos bienes públicos, si bien pertenecen al Estado, no dejan por ello de ser justamente eso: públicos.  Sin embargo y en contra de este concepto, el reciente veto presidencial nos muestra que han sido “apropiados privadamente”.  Es decir que para este caso y sobre abundando: el patrimonio económico público, la res pública que está formada por el total de bienes públicos y por los flujos de recursos también públicos, fue puesta a disposición gratuita de empresas privadas, que obviamente y como es de conocimiento, obtienen fabulosas ganancias por su utilización.

 

En nombre de todos

Se hizo habitual en la última década, escuchar discursos de algunos gobernantes que, bajo falsas políticas de Estado que buscaban ser “políticas públicas”, en realidad defendieron sólo intereses privados indefendibles, ofreciendo una gran cantidad de ventajas estatales a algunas compañías, individuos o sectores económicos mediante subsidios, exenciones fiscales, protecciones contra la competencia, o cuando no, el manejo de dineros que recauda el Estado. Todo en nombre de la modernidad,  respaldo a la eficiencia del sector privado o como “mensaje” a los “inversores”.

Como la realidad es la única verdad, el cuadro socioeconómico que padece nuestro país es por demás elocuente con relación a la “eficiencia” del ese sector.

Por ello, en esta nueva etapa de post reformas que vive Hispanoamérica y especialmente nuestro país y, luego de lo que el cientista político brasileño L. Martins definiera como la “privatización del los Estados”, será imperioso para las diferentes comunidades comenzar a diseñar políticas que pongan énfasis en la defensa de este cuarto derecho: el derecho republicano, el derecho a que nadie utilice para su beneficio personal o sectorial, los bienes públicos, los recursos públicos.  El derecho a que “las fuerzas del mercado” o la “iniciativa privada” no se apropien de lo que pertenece a todos.

 

Defensa de “lo de todos”

Ello no será posible si no se abordan con coraje y decisión, especialmente desde el propio gobierno, acciones que conduzcan a transparentar sus políticas públicas y sus actos administrativos. Acciones que pongan al Estado en resguardo de los avaros, de los “buscadores de rentas” o, de los diferentes grupos de poder que acechan por “nuestros bienes”.

Acciones que, luego de la desaparición del “Estado de Bienestar”,  reubiquen al Estado en su necesaria dimensión y participación dentro de la comunidad.  Ni Estado privatista, ausente, desentendido y desvinculado de la sociedad, ni Estado paternalista, empresario, absorbente. 

Convengamos que esto no será posible si no existe una participación activa, firme y comprometida por parte de la comunidad organizada.

Imagino lo que piensa, pero aunque el camino se nos presente cuesta arriba, no debe amedrentarnos.

Que el veto presidencial nos sirva de advertencia.

 

 

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